Su objetivo es Sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios, en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, cuya ocupación o posesión sea mayor de diez (10 años) y cumplan con los requisitos establecidos en la ley,  de igual modo la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, a fin de materializar el principio de equidad que permita el cumplimiento de las garantías ciudadanas en el marco del Estado Social de Derecho.